Columna del Investigador
El Perú llega a un escenario inédito: la Presidencia de la República y la conducción del Senado recaen en dirigentes de una misma organización política. Para unos, esta coincidencia anuncia el fin de años de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso; para otros, representa el riesgo de que la fiscalización se disuelva en la afinidad partidaria. Ninguna lectura debería adelantarse sin examen: la coincidencia de color político no constituye, por sí sola, una infracción constitucional. Lo que la Constitución exige no es que los poderes se comporten como adversarios, sino que cada uno conserve su competencia, responda por sus decisiones y actúe dentro del orden jurídico.
Conviene precisar, además, el alcance real de la fórmula “Senado del mismo color”: la agrupación oficialista es la primera fuerza en la Cámara Alta, mas no cuenta con mayoría absoluta, y las decisiones más relevantes —incluida la elección de altas autoridades— exigen mayorías calificadas que obligan a negociar con otras bancadas.
La afinidad política, bien conducida, puede traducirse en gobernabilidad genuina: agendas legislativas coordinadas, presupuestos aprobados con oportunidad y acuerdos sobre seguridad, salud y educación. La separación de poderes no equivale a enemistad permanente; comprende también una dimensión de cooperación orientada al bien común. Bajo ese marco, el Ejecutivo puede sustentar sus propuestas y el Senado revisarlas, corregirlas o rechazarlas, sin que la coincidencia partidaria elimine su independencia.
El riesgo aparece cuando la disciplina partidaria sustituye al juicio institucional. El Senado no fue creado para ratificar automáticamente al Poder Ejecutivo: su función revisora es sustantiva, no protocolar. Ese peligro se agrava en la designación de altas autoridades —Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva—, cargos que deben responder al mérito y no convertirse en cuotas repartidas entre bancadas.
La prueba decisiva no será, entonces, el color político de quienes ocupan los cargos, sino la forma en que ejerzan el poder. Publicidad de la agenda, calidad de la deliberación, transparencia en las designaciones, respeto a las minorías y rendición de cuentas son los criterios que permitirán distinguir la cooperación legítima de la subordinación institucional. La democracia no necesita poderes enemigos, pero tampoco poderes obedientes: necesita autoridades capaces de trabajar juntas, corregirse mutuamente y recordar que toda mayoría es temporal, mientras que la Constitución debe permanecer. La gobernabilidad y los contrapesos no son destinos automáticos: son prácticas que se construyen en cada ley, cada nombramiento y cada decisión.
“La coincidencia política no es, por sí misma, una amenaza a la democracia; lo que decide su carácter es cómo se ejerce el poder que de ella resulta.”
Descargos de responsabilidad
Recordamos a los lectores que cada artículo se basa en opiniones exclusivas e independientes de sus respectivos autores y que estas no reflejan las ideas, ideologías ni puntos de vista de la Universidad Privada de Trujillo, ni de ninguna organización vinculada a la Universidad o a los autores.
